Noticias y Actualidad Modificaciones en la normativa de Contratos del Sector Público

Modificaciones en la normativa de Contratos del Sector Público

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Con fecha 9 de septiembre entrará en vigor la Ley 34/2010, de 5 de agosto, que pretende adaptar las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, a lo dispuesto en la Directiva 2007/66/CE de 11 de diciembre.

 

Como expresa su Exposición de Motivos la norma no pretende tener más alcance que el de adaptar las dos Leyes citadas a lo dispuesto en la Directiva 2007/66/CE de 11 de diciembre. Esta Directiva viene a modificar sustancialmente las anteriores Directivas Comunitarias 89/665/CEE, de 21 de diciembre y 92/13/CEE, de 25 de febrero, que regulaban los recursos en materia de contratación tanto con referencia a los contratos del Sector Público, como con respecto de los que celebren las entidades contratantes en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

 

Con la  Directiva 2007/66/CE se ha pretendido garantizar que los candidatos y licitadores que intervengan en los procedimientos de adjudicación puedan interponer recurso contra las infracciones legales que se produzcan en la tramitación de los procedimientos de selección contando con la posibilidad razonable de conseguir una resolución eficaz.

 

A tal fin la Directiva establece una serie de medidas accesorias para garantizar los efectos de la resolución que se dicte en el procedimiento de impugnación, entre ellas precisamente que los interesados puedan interponer sus recursos, que la suspensión de los acuerdos de adjudicación se mantenga hasta que se resuelva sobre el fondo del recurso o, al menos, sobre el mantenimiento o no de la suspensión, y otras como la posibilidad de que los recurrentes soliciten la adopción de cualesquiera medidas cautelares tendentes a asegurar los efectos de la resolución que pueda adoptarse en el procedimiento de recurso o a evitar los daños que puedan derivarse del mantenimiento del acto impugnado.

 

Junto a estas medidas, la Directiva prevé para los casos en que la infracción afecte a la publicidad de la convocatoria del contrato o a la inobservancia de los plazos de suspensión previstos en ella, la posibilidad de declarar la nulidad de los contratos así adjudicados.

 

Las Leyes 30 y 31/2007 ya regulan los recursos o reclamaciones, según los casos, que pueden interponerse contra los actos de adjudicación o contra los actos del procedimiento administrativo que les sirve de base, prevén el plazo de suspensión subsiguiente a la adjudicación, la suspensión del acto como consecuencia de la interposición del recurso o reclamación y la adopción de medidas cautelares.

 

Sin embargo, nada contienen respecto de cuestiones tales como la exigida atribución por la Directiva de la resolución del recurso a un órgano independiente u otras cuestiones no menos determinantes como el “dies a quo”  para el cómputo del plazo de espera y del plazo para la interposición del recurso, la regulación del contenido de las notificaciones a los licitadores del resultado de la licitación y su motivación, o la asimismo necesaria refundición en uno sólo de los actos de adjudicación provisional y definitiva haciendo coincidir la perfección del contrato con la formalización del mismo, sin que entre ambos trámites se prevea actuación alguna, salvo las que deriven de la posible interposición del recurso especial en materia de contratación.

 

Con respecto a este órgano independiente,  cabe citar que se crea para el ámbito de la Administración General del Estado y sus entidades vinculadas el Tribunal Central de Recursos Contractuales   (transitoriamente compuesto por el Presidente y dos vocales, en tanto no se desarrolle reglamentariamente su composición).

 

Para el ámbito autonómico y sus entidades vinculadas la norma prevé la creación  de sus propios órganos (se especifica en tanto tal creación no se produzca una regulación transitoria) o atribuir la competencia para la resolución de los recursos al Tribunal Central de Recursos Contractuales, suscribiendo el correspondiente convenio en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias.

 

Por último para el ámbito de las Corporaciones Locales y sus entidades vinculadas la competencia para resolver los recursos será establecida por las normas de las Comunidades Autónomas cuando éstas tengan atribuida competencia normativa y de ejecución en materia de régimen local y contratación. Si esta atribución no existiera recaerá en el mismo órgano al que las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se integran las Corporaciones Locales hayan atribuido la competencia para resolver los recursos de su ámbito.

 

La reforma especifica la competencia de los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa competentes para resolver sobre las impugnaciones en via judicial de las resoluciones de estos órganos independientes adaptando a tal efecto la  norma rituaria también en materia de legitimación procesal.

 

Asimismo, habilita la posibilidad de que los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan el carácter de Administraciones Públicas se remitan  a un arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, para solucionar las diferencias que puedan surgir sobre los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que celebren.

 

(Para más información consultar Revista de Estudios Locales, nº131, páginas 67 a 69).

Por último, no debe dejarse de mencionar la modificación introducida en la Ley 30/2007 por la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España (BOE 6 de julio de 2010, vigencia 6 de septiembre de 2010).

 

La Disposición Adicional Sexta de esta norma adiciona un nuevo apartado cuarto al artículo 83 de la citada Ley 30/2007, con el siguiente tenor: “4. En la concesión de obras públicas el importe de la garantía definitiva se calculará aplicando el 5 por ciento sobre el valor estimado del contrato, cuantificado con arreglo a lo establecido en el artículo 76.3. El órgano de contratación, atendidas las características y la duración del contrato, podrá prever en los pliegos, justificándolo adecuadamente, la posibilidad de reducir el importe de la garantía definitiva, una vez ejecutada la obra y durante el periodo previsto para su explotación. Sin perjuicio de otros criterios que puedan establecerse en los pliegos, esta reducción será progresiva e inversamente proporcional al tiempo que reste de vigencia del contrato, sin que pueda suponer una minoración del importe de la garantía por debajo del 2 por ciento del valor estimado del contrato”.

 
Archivos adjuntos:
Descargar este archivo (Ley 34-2010, de 5 de agosto.pdf)BOE. Ley 34/2010, de 5 de agosto510 Kb
 

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