Noticias y Actualidad Importante: Dictamen del Consejo de Estado ALRSAL

Importante: Dictamen del Consejo de Estado ALRSAL

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La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2013, emitió, por unanimidad, el  dictamen relativo al anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ver aquí

Se dictamina la versión de 24.05.2013 ver aquí

Extracto sobre el régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional:

"Por su parte, el artículo 92 bis se dedica al establecimiento de las normas que disciplinan los elementos principales del régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, procediéndose a la derogación de la disposición adicional segunda del EBEP, que había sido reformada en materia de provisión de puestos de trabajo de estos funcionarios por el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Este artículo 92 bis condensa en sus once apartados las líneas principales de un régimen jurídico que ha merecido diversas críticas en trámite de audiencia, fundadas gran parte de ellas en la redistribución de las competencias que sobre este cuerpo de funcionarios estatales pueden ostentar las Administraciones, estatal, autonómica y local. Entre las cuestiones objetadas, cabe destacar las relativas al alcance de las potestades del Estado en la materia, la provisión de puestos de trabajo, la distribución porcentual de los méritos que puede determinar cada administración en los concursos y el régimen disciplinario.

En relación con la primera de esas cuestiones, ha de observarse ante todo que la determinación de las líneas generales del régimen jurídico de esta clase de funcionarios se efectúa por el Estado en virtud de la competencia que le confiere el artículo 149.1.18 de la Constitución para el establecimiento de las bases del régimen estatutario de los funcionarios. Esta determinación de las bases, como ha destacado el Tribunal Constitucional, implica que es básica la existencia de ese cuerpo de funcionarios, de lo que deduce que "ha de poseer la misma connotación todo aquello que preserve la existencia de ese cuerpo y ello permitirá proscribir lo que lo haga desaparecer o lo menoscabe" (STC 25/1983). La competencia del Estado para establecer las bases del régimen jurídico de este cuerpo de funcionarios alcanzará a los elementos caracterizadores de su estatus funcionarial, entre los que se encuentran, sin ánimo exhaustivo, los referentes a sus funciones, su sistema de selección o su régimen disciplinario.

Corresponde, pues, al Estado regular la provisión de puestos de trabajo de este cuerpo de funcionarios, pudiendo efectuarse esa provisión tanto a través de concurso, como por el sistema de libre designación, pues "nada impide que el legislador de lo básico pueda modificar el contenido de lo formalmente calificado como tal y, por tanto, introducir, junto al sistema de concurso, y en los términos concretamente previstos, el de libre designación como modo, siquiera excepcional, de provisión de determinados puestos de trabajo" (STC 209/1990, citada por la STC 235/2000). Cabe, por tanto, que en el ejercicio de sus competencias básicas, el legislador estatal admita la coexistencia de dos sistemas de provisión.

Se ha criticado, no obstante desde esa misma perspectiva, que el artículo 92 bis.6 del anteproyecto, cuando trata de la libre designación de funcionarios que ejerzan funciones de intervención-tesorería en determinados Municipios (artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales), exija para que aquella pueda efectuarse "la autorización expresa del órgano competente de la Administración General del Estado en materia de Haciendas Locales", así como un "informe preceptivo previo" de ese mismo órgano para el cese de esos mismos funcionarios.

En relación con ello, debe hacerse notar que la vigente disposición adicional segunda del EBEP, en su apartado 5 (redactado por el Real Decreto-ley 8/2010), ya prevé en términos prácticamente coincidentes con los del anteproyecto que, en los supuestos referidos de nombramiento por libre designación y cese de funcionarios de Administración local con funciones de intervención-tesorería, "será precisa la autorización expresa de la Administración que ejerza la tutela financiera" o que "será necesario informe preceptivo de la Administración de tutela".

Por consiguiente, la objeción a la regla contenida en el apartado 6 del artículo 92 bis no ha de enfocarse desde la perspectiva de la defensa de la autonomía local constitucionalmente garantizada, sino desde la de la posibilidad de que la función actualmente atribuida a la Administración que ostente la competencia de tutela financiera sobre las entidades locales pueda ser ejercida por la Administración del Estado, sin menoscabo de aquella.

Pues bien, a tal efecto puede considerarse que el nombramiento por libre designación y el cese de los mencionados funcionarios no pertenecen al núcleo caracterizador de esa competencia, consistente en la tutela financiera de los entes locales (STC 134/2011), sino que se enmarcan en la competencia que sobre la determinación del régimen básico de estos funcionarios atribuye al Estado el artículo 149.1.18 de la Constitución, por lo que no se aprecian razones de constitucionalidad para objetar la regulación prevista en el anteproyecto.

En cuanto a la tercera cuestión apuntada, se ha criticado que la distribución de los porcentajes atribuidos a la puntuación de los méritos generales se haya modificado de manera que los porcentajes asignados a las Comunidades Autónomas y a las entidades locales sean notablemente inferiores a aquel que se fija para el Estado. Sin ser en sí misma objetable esta opción, es cierto que la descompensación entre unos y otros porcentajes es notoria, sin que se advierta la razón que justifique esa diferencia. Procede revisar, por ello, en este aspecto, la regulación proyectada.

Finalmente, por lo que se refiere al régimen sancionador, debe objetarse su falta de claridad pues, en función de la clase de infracción imputada o del lugar en que se cometa, la instrucción corresponderá a la entidad local en que el funcionario desempeñe sus funciones, a la Comunidad Autónoma o al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este mismo esquema se reproduce para el caso de la imposición de sanciones. Esta disparidad de entes competentes, basada de manera principal en la apreciación de la gravedad de los hechos imputados, puede generar numerosas dificultades de articulación procedimental. Se sugiere por ello revisar la actual conformación de estas cuestiones, de manera que se garantice la necesaria claridad en la articulación del procedimiento disciplinario."

 

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